Plan Hidrológico Nacional
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El Plan Hidrológico Nacional fue aprobado por el Parlamento en 2005, modificando el Plan del 2001, y sustituyendo el trasvase del Ebro por el proyecto AGUA. El principal proyecto del Plan del 2001 era el trasvase del Ebro, un proyecto para transferir agua desde la cuenca del Ebro a Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Barcelona, que fue aprobado por el Parlamento en la legislatura 2000-2004.
El proyecto AGUA del Plan actual prevee suministrar 600 hm3, de los que 300 hm3 se destinan a regadío. Pero para que los agricultores compren agua desalada es necesario un control estricto de los acuíferos por las autoridades de cuenca, de forma que se elimine la sobreexplotación de acuíferos. Sin embargo, la alternativa de la administración es subvencionar el precio del agua desalada hasta el nivel del coste de bombeo, ya que el control de la sobreexplotación de acuíferos es un desafío que supera ampliamente la capacidad de las autoridades de cuenca.
[editar] Polémica
El PHN de 2001, como el de 1993, fue muy polémico en España. Sus detractores afirmaban que:
- Las alternativas de gestión de demanda podrían ser más baratas que el trasvase.
- El impacto ecológico en el Delta del Ebro podría ser grande.
- No se habían estudiado otras opciones, como plantas desalinizadoras para el aumento de oferta, o medidas como mercados de agua y límites en las extracciones.
- El cambio climático podría reducir el caudal disponible en la cuenca del Ebro.
Los defensores del trasvase del Ebro acusaron de insolidarios a los que se oponían al trasvase del Ebro, puesto que la alternativa basada sólo en desalación podía no ser viable desde el punto de vista económico. Tambíen eran elevados los costes energéticos y las emisiones de CO2 de la alternativa de desaladoras, aunque éstas estaban contempladas de todas maneras en el antiguo PHN, pero sólo de forma complementaria al trasvase.
Las medidas de gestión de demanda en el regadío, como mercados de agua, subir los precios del agua, o prohibir la sobreexplotación de acuíferos son muy difíciles de implementar desde el punto de vista técnico, político e institucional. El requisito indispensable de cualquier solución de oferta (desalación o trasvase) o de demanda (limitar extracciones, subir precios, mercados) es resolver previamente el desgobierno de los recursos subterráneos en el levante y sureste peninsular, lo que supone un gran desafío para la administración hidraúlica como muestra el caso de las Tablas de Daimiel. Los esfuerzos de los anteriores presidente y comisario de aguas del Guadiana para cerrar pozos ilegales fueron desautorizados, lo que supone mandar una señal equivocada a los cientos de miles de responsables de perforaciones ilegales. El Plan Especial del Alto Guadiana en elaboración prevee unas inversiones de 5.500 millones de euros para solucionar la sobreexplotación de 220 hm3, lo que no parece muy razonable. Si el Plan se amplia a los 500 hm3 de sobreexplotación en el Júcar, Segura y Sur, quizá sería necesario invertir otros 12.000 millones de euros adicionales.
Además, la presión urbanística está contribuyendo a la degradación de los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos. El objetivo de protección de los recursos hídricos y los ecosistemas es clave, dada la importancia de las actividades turísticas actuales y potenciales en el sureste peninsular.
Las medidas a tomar deben examinarse con cuidada para no perjudicar a la agricultura del sureste, que es la más dinámica del país, y evitar su destrucción y abandono. Hay un problema de disponibilidad de mano de obra, que se palía con mano de obra inmigrante. El abandono de tierras favorece la desertización de la zona, y también hay que tener en cuenta la enorme presión y especulación urbanística.
La solución del problema de escasez y degradación de los recursos hídricos en el sureste, requiere la cooperación de los agricultores para conseguir la acción colectiva en la protección de los recursos hídricos. Una carga excesiva sobre los agricultores supondrá el fracaso de cualquier medida.
